Una vez más el sector agropecuario manifestó su preocupación por la profundización de la toma de tierras, usurpaciones y hechos de violencia en varias zonas del país, especialmente en la región patagónica.

A través de un comunicado, titulado “La Propiedad Privada es un derecho constitucional inviolable”, la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó: “Nos preocupa que son hechos violatorios de la Propiedad Privada, muchos de ellos agravados por el uso de métodos violentos e intimidatorios, y la relativización de ese derecho inalienable exhibida por algunos sectores de oficialismo y otros actores de la sociedad civil”.

Y agregaron: “La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo el ordenamiento legal y jurídico de la República, gozan del más absoluto consenso social”.

Frente a esta problemática, la entidad que preside Daniel Pelegrina reclamó a los tres poderes del Estado y a todos los niveles de gobierno, “utilizar los mecanismos constitucionales y legales con que cuentan y que les ha conferido el pueblo soberano para hacer valer y respetar la Propiedad Privada en todos los rincones de la Patria, a su integridad y la de todos aquellos ciudadanos que ostentan derechos legítimos”.

A todo esto, el comunicado de la entidad agropecuaria sostiene: “Ninguna disputa entre privados ni grupos sociales justifica su violación ni mucho menos el uso de la fuerza o la coerción. En este sentido, resulta inaceptable que diversos agentes sociales, en nombre de causas pretendidamente propias o incluso ajenas, usurpen tierras y propiedades cuando, en rigor, lo hacen persiguiendo su propio interés particular o, directamente, para atentar contra el Estado de Derecho, que a los argentinos nos ha llevado tanto tiempo y esfuerzo construir”.

Otros pronunciamientos

La preocupación de los productores y dirigentes del campo sobre el aumento de la toma de tierras, fue transmitida por los integrantes de la Mesa de Enlace al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, hace un tiempo atrás durante una reunión por videoconferencia. En la misma, los dirigentes reclamaron “abordar los episodios de toma de tierras como delitos graves contra la propiedad y una violación a los más elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente”.

Em ese sentido, los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA apuntaron al Estado nacional por la mencionada problemática. “Es el principal responsable de la violencia del presente y lo que suceda a futuro. Las autoridades de seguridad, nada hacen y la Justicia se demora en su burocracia, los ánimos se exacerban y el Estado no brinda solución alguna, paradójicamente fogonea la actitud disponiendo interminables negociaciones, que solo prolongan el hecho ilícito”, señalaron.

“El que piense que este es un problema de los grandes estancieros se equivoca. El que piense que este es un problema de los extranjeros se equivoca. Y el que piense que este es un problema exclusivo de los que tienen campo también se equivoca. Es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos, los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de Política de Estado que debe ser urgentemente atendido”. dijeron desde CRA.

Por último, desde el Movimiento Compromiso Federal, espacio interno de la Sociedad Rural Argentina, también expresaron su repudio a la toma de tierras, y advirtieron que las mismas “ponen en riesgo la propiedad privada y el orden público”.

“La pasividad de la justicia resulta inadmisible frente a estos embates que se han manifestado en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y en el sur de nuestro país, entre otros lugares. En el caso específico de la provincia del litoral, vemos una preocupación adicional al ser en las tierras productivas de una empresa asociada a la Sociedad Rural Argentina”, agregaron.

Y reiteraron “la defensa de la propiedad privada de todos los habitantes del país, con el convencimiento de que el respeto por la ley y la convivencia pacífica constituyen el único camino del progreso y el desarrollo. Todo otro artilugio o intento de vulnerar la paz social, debe ser rechazado, penalizado y repudiado por la sociedad en su conjunto”.

Fuente: Infobae