La Comisión de Industria y Comercio, que preside por Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Ricardo Guerra, este miércoles, en el Salón Arturo Illia, a efectos de tratar el proyecto de ley sobre el régimen de promoción de la maquinaria agrícola industrial argentina.

Estuvieron presentes en la reunión Eduardo Borri, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA), y Leandro Brito Peret, de la Asociación de Fábricas y distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos agrícolas, viales, mineros, industriales y motores (AFAT).

Los proyectos que hay al respecto son los de Dionisio Scarpin (UCR – Santa Fe); y de los exsenadores Roberto Mirabella (actualmente diputado nacional) y María de los Ángeles Sacnun, ambos del Frente de Todos.

Dionisio Scarpín aclaró que su proyecto fue presentado en conjunto con el senador Alfredo De Angeli (Pro – Entre Ríos), y enfatizó: «La maquinaria agrícola es sinónimo de empleo y desarrollo».

En ese sentido, Scarpín destacó que «es parte de la cadena de valor que tiene el agro y el campo. Este proyecto, bien elaborado, hace al desarrollo de varias empresas nacionales e internacionales».

El santafesino expuso: «En el interior hay fábricas de maquinarias agrícolas, por ejemplo, en San Vicente, una localidad pequeña, pero con valor fundamental, los fabricantes han hecho mucho esfuerzo para ir evolucionando y poder competir en el campo nacional e internacional».

Además agregó que «este proyecto busca fortalecer a la cadena de fabricantes de maquinaria agrícola y declararla de ?interés nacional’ e ?industria estratégica’, remarcó Scarpín.

El senador explicó que «dentro de la iniciativa, diferenciamos tres categorías: maquinaria de arrastre, autopropulsada y de alta tecnología. Las últimas dos son importados y buscamos que si en un 60 por ciento de sus partes están compuestas por piezas nacionales, se la considere industria nacional».

Para finalizar su idea, Sacrpín habló respecto de los beneficios económicos y argumentó: «El beneficio será para que los bancos nacionales puedan dar financiación a los que van a comprar maquinaria nacional y establecer reducción en estabilidad fiscal, contribuciones patronales, reducción al impuesto a las ganancias, derechos de exportación y generar empleo y dinamismo económico que le da vida a los pueblos».

El senador nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja) fue el primero en hacer preguntas acerca del alcance de sectores agrícolas que entrarían dentro del proyecto de ley. Scarpín le respondió que «en el reglamento de la ley, las tres grandes categorías y sus respectivas reglamentaciones deberán ser puntillosas, con la complejidad necesaria de precisarlo».

Brevemente, el senador nacional Alfredo De Angeli afirmó que «el proyecto beneficiará a las economías regionales en desarrollo», y Scarpín precisó: «El desarrollo con la maquinaria es extraordinario».

Luego, el senador nacional Eduardo Vischi (JxC – Corrientes) aportó sobre la clarificación de categorización de las actividades, por lo que manifestó que «son de producción agraria».

Cuando fue el turno del primer invitado, Eduardo Borri, presidente de CAFMA, explicó: «Se fabrica principalmente en estas tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), donde generamos 40.000 puestos de trabajo y hemos ganado 20 por ciento por año en los últimos dos años».

«Buscamos competir todos con las mismas reglas de juego, estamos acostumbrados a construir con situaciones adversas. Fabricamos en el país y marcamos como asimetría el financiamiento, a pesar de la conflictividad laboral, costos y acceso al crédito», desarrolló Borri.

Sin embargo, el presidente de CAFMA sostuvo que «Argentina tiene ventajas en la cadena agro y bio industrial porque hay 25 fábricas nacionales de cosechadoras».

Borri concluyó su exposición subrayando que «en 2017 fue el mayor año de ventas en dólares de maquinaria agrícola y el 60 por ciento era de origen importado, pero en 2021 estuvo a punto de igualar a 2017, y ese 60 por ciento era de origen nacional. El 90 por ciento de los empleos los produce el 60 por ciento de la maquinaria, con una ley podríamos agregar a lo nacional ese 40 por ciento restante».

Luego de Borri, Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, aportó que «hay 600.000 metros de planta fabril con 9.000 puestos de trabajo de su sector que apoyan este proyecto».

«Entendemos que tener una ley que apoye el desarrollo beneficia a todos los que acompañamos el concepto de lograr cada vez más maquinaria agrícola como industria nacional», consideró el representante de AFAT.

Además expresó: «Nos gustaría profundizar sobre detalles de maquinaria y desarrollo tecnológico de cada sector porque estamos a favor de que la integración debe incentivar las inversiones y la generación de empleo».

Cuando ambos invitados expusieron sus apoyos a la iniciativa, la senadora nacional Silvia Sapag (FdT – Neuquén) cuestionó: «Quisiera saber por qué se deberían otorgar beneficios a un negocio tan próspero y cuál sería el motivo por el que el país debería dejar de recaudar». Brito Peret le respondió: «La necesidad de incorporar tecnología es para aumentar la productividad del país, renovar el parque automotor que necesita incentivar maquinaria agrícola. Actualmente es un mercado con escala muy pequeña, pero con inversión podemos crecer cinco veces más que Brasil para generar un crecimiento de exportaciones y del país».

El senador Vischi planteó que «está claro que se puede resignar impuestos, con el tiempo se verá si la ley sirvió o no para generas puestos de trabajo». Por otro lado, el correntino pidió que «se realicen informes de la industria para darle seriedad y base estratégica para que sea política de estado».

En contraposición con lo expresado, la senadora Lucía Corpacci (FdT – Catamarca) preguntó: «¿Hay un estudio claro y concreto de cuanto le costaría al Estado este costo fiscal de resignar un dinero que iría a la industria?».

Después, Carmen Álvarez Rivero (JxC – Córdoba) sostuvo que «los sectores de industria nacional deben ser apoyados y que se necesita invertir en la Argentina».

Y por último, María Teresa González (FdT – Formosa) consultó si «debería incluirse en la ley a las economías regionales de pequeñas y medianas empresas porque movilizan área de influencia».

Borri contestó las inquietudes de Corpacci y González: «Creemos que hay empresas que dejan de ser pyme y hay que continuar alentándolas. Debemos pensar un proceso de llevar fabricas a donde haya gente. En este proyecto se trata de encontrar la manera de agregar valor, la gente que actualmente no tiene trabajo debe acercarse porque seguimos demandando mano de obra».

Para finalizar, tomó la palabra el senador Scarpín quien concluyó: «Es importante mejorar la definición y la rápida reacción a los incentivos y oportunidad al crecimiento. Estamos ante un proyecto que beneficia 1200 pymes de marca argentina», cerró el legislador.